Uno de los problemas más serios en el campo peruano, que afecta tanto a agricultores como a comunidades campesinas y nativas, es el de la falta de formalización de la propiedad.

Para intentar solucionar ese problema, en 1991 se promulgó la "Ley de creación del Registro de Predios Rurales". Más tarde, en diciembre de 1992 se creó el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural -PETT- al cual se le encargó llevar adelante la formalización de las propiedades expropiadas por el Estado y llevar adelante el saneamiento de la propiedad privada rural. Actuando conjuntamente con la Superintendencia de Registros Públicos -SUNARP- y de INRENA, entre 1996 y 2000 y entre 2002 y 2006 se llevó adelante un agresivo proceso de formalización de la propiedad.

A inicios de 2007, el gobierno decidió la absorción del PETT por COFOPRI, dependencia del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

Como parte de los 99 decretos legislativos que el Gobierno de García aprobó durante el primer semestre de 2008, se publicó el Decreto Legislativo Nº 1089, el cual estableció un régimen temporal extraordinario por el cual COFOPRI se constituye en la única entidad oficial encargada de llevar adelante el proceso de formalización y titulación de predios rurales, tanto de particulares como de propiedad del Estado.

Esta norma le otorga a COFOPRI, entidad dependiente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en forma exclusiva por cuatro años, dichas facultades. Se ha cuestionado esta norma, porque asume en forma inconstitucional una facultad exclusiva de los Gobiernos Regionales, pero también porque los poderes de COFOPRI resultan excesivos.

El Decreto Legislativo permite, además, aplicar normas relativas a procedimientos de reversión de tierras, incluso sobre tierras comunales.

El Decreto Legislativo Nº 1089 fue reglamentado mediante el Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA en diciembre de 2008.