El nuevo Decreto Legislativo 1333 crea un Proyecto Especial para el Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP) para sanear a nombre del Estado los derechos de propiedad sobre los predios requeridos para la ejecución de los proyectos de inversión priorizados; además en una de sus funciones de APIP, art. 4 inciso p), se menciona que “Ejerce las competencias reguladas en el Título III de la Ley 30230 y sus modificaciones en cuanto resulten aplicables” lo que significa que esta norma complementa el objeto del Título III de la Ley 30230 y en algunas funciones el nuevo APIP va más allá de las vulneraciones al territorio que hace Ley 30230.

Debemos poner atención, en saber que está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a la constitucionalidad respecto al Título III de esta ley y a la necesidad de poner límites a la aprobación de normas que buscan incentivar la inversión a costa de recortar derechos de los pueblos indígenas.

A pesar de las críticas, la estrategia de debilitamiento normativo continuo con Ley 30327, Ley de promoción de las inversiones sostenibles; y en el último año del gobierno de Humala se concedieron facultades legislativas bajo la misma justificación de reactivación económica, emitiéndose el Decreto Legislativo 1192 que realiza una reforma profunda a la Ley Marco de Expropiaciones y Adquisiciones, derogando artículos de otras normas parte de los denominados “paquetazos” como es el casi de la Ley 30025 y 30327. Complementaria a este decreto fue el D.L. 1210 que, en un único artículo, quita la protección a los derechos de propiedad y posesión de las comunidades campesinas y nativas.