Alberto Ñiquen para LaMula.pe.-  Ante silencio del presidente, Luis Galarreta promulga norma fujimorista que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera en Ucayali pero no considera observaciones de comunidades indígenas y del Ministerio de Cultura.

Este lunes 22 de enero el diario oficial El Peruano publicó la promulgación de la Ley 30723, denominada ‘Ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali’. Firmada por el presidente del Congreso Legislativo, Luis Galarreta, el 15 de enero.

La rúbrica es del legislador y no del jefe de Estado porque éste no la promulgó ni observó durante el tiempo establecido. La ley fue aprobada por el Pleno del Congreso que se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre, una norma rechazada por las organizaciones indígenas amazónicas y el Ministerio de Cultura. Incluso el entonces ministro Salvador del Solar envió al presidente del Legislativo un oficio en el que explicaba por qué el aún proyecto de ley no era viable. 

Sin considerar al Ministerio de Cultura (que a través del Viceministerio de Interculturalidad era una parte a consultar) ni tomar en cuenta la opinión de las comunidades indígenas (que viven en la Amazonía y así como supuestamente pueden ser beneficiados, también pueden ser afectados), la iniciativa fujimorista fue aprobada por tener la mayoría parlamentaria. Además, no se hizo estudios técnicos ni económicos. 

La ahora ley expone a un alto riesgo a seis áreas naturales protegidas por el Estado (los parques nacionales Alto Purús, Cordillera Azul y Sierra del Divisor; las reservas comunales Purús y El Sira y el área de conservación regional Imiria), tres reservas indígenas (Murunahua, Isconahua, Mashco Piro) y una reserva territorial para pueblos en situación de aislamiento o en contacto inicial (Kugapakori Nahua, Nanti). Además, pone en riesgo a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial (PIACI).

En diciembre pasado, Julio Cusurichi, presidente de la organización indígena Fenamad, y con Lorena Prieto, directora de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura, confiaban en que el presidente Pedro Pablo Kuczynski observaría la norma y hubiera un debate más allá del parlamento, de tal manera que participen activamente organizaciones indígenas, los ministerios de Cultura, del Ambiente, de Agricultura, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Pero no. El jefe de Estado, a pesar de recibir un informe del Viceministerio de Interculturalidad en el que advertía los peligros de la norma, no se manifestó al respecto.

 

Conectividad

Mientras los congresistas de Fuerza Popular -autores de la norma- la defienden "el interés nacional de establecer carreteras" y aseguran que la carreteras permitirán una mayor conectividad en Ucayali, hay que recordar que las experiencias existentes no han sido positivas, pues han permitido el aumento de la minería y tala ilegales, y por ende la deforestación, violaciones de los derechos de las comunidades indígenas, prostitución, corrupción, cultivos de coca, entre otras malas consecuencias.

Hacer más carreteras -anota Rolando Navarro, exdirector de Osinfor- es abrir un frente favorable al extractivismo de manera incontrolable. “Si el congresista Tubino dice que las carreteras generan más conectividad, habría que preguntarle ¿mayor conectividad para qué?, ¿para la extracción ilegal de madera?”, señala a LaMula.pe.  

Con él coincide el politólogo y exviceministro de Interculturalidad Iván Lanegra: "¿Conectar a quiénes con quiénes? Los principales impulsores de las carreteras en la amazonía el Perú son intereses informales e ilegales, incluida la corrupción como en la Interoceánica. La conexión debe servir a una ocupación sostenible del territorio, y a partir de ahí se identifica las opciones. Eso lo debe hacer el gobierno bajo criterios técnicos y no el Congreso", dice a LaMula.pe.

En opinión de Julia Urrunaga, directora en Perú de Environmental Investigation Agency (EIA), recuerda que a lo largo de la Amazonía hay abundante evidencia –incluidas impactantes imágenes satelitales– de la destrucción que generan carreteras como las que promueve esta nueva ley y que pasan sobre bosques primarios. "Las comunidades indígenas y sus organizaciones se han venido oponiendo fuerte y sostenidamente a estos proyectos por más de una década, precisamente porque ellos han experimentado esta destrucción", comenta.

Para Navarro, debemos analizar los reales intereses que hay detrás de esta ley. Por ejemplo, una de las principales intenciones mayores sería llegar a los lugares más recónditos donde aún hay caoba, pues en su opinión hay un lobby maderero a favor de esta norma. “El interés es llegar al potencial existente de madera, y la gran mayoría de especies de alto valor comercial está en áreas protegidas”, subraya.

 

Las carreteras no son la única solución

La Ley 30723 dice: “El departamento de Ucayali posee una gran riqueza de recursos naturales, una elevada disponibilidad de recursos híbridos y de flora y fauna silvestre. A pesar de ello, esta gran cantidad de recursos con que cuenta la región no es proporcional con su desarrollo, es menester señalar que una de la causas más importantes que impide el desarrollo sostenido y que lo sumerge en el atraso es la carencia de vías de comunicación, es decir la falta de carreteras que integren a los diversos distritos del departamento de Ucayali, permitiendo el tránsito fuido hacia las zonas de frontera con la finalidad de comercializar los diferentes productos de la región. Importante es destacar que, la superación de la pobreza que azola [sic] a esta región está directamente vinculada al insuficiente desarrollo vial y a la falta de integración de sus diferentes distritos y centros poblados”

Según la norma, las carreteras pueden pasar por el costado de un área protegida, pero se hace un corte de conectividad de pueblos indígenas transfronterizo (siempre han tenido conexión), que incluye la fauna silvestre. Es decir, se cortarían los corredores biológicos.  

En la selva, el 95% de la deforestación ocurre a menos de 6 km de los caminos. Las carreteras que atraviesan la Amazonía son una amenaza en contra de nuestra multiculturalidad y la biodiversidad, además de violar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. "El Tribunal Constitucional del Perú ya ha establecido precedentes al declarar de interés nacional la protección de los bosques y de sus recursos para las generaciones futuras. Como nosotros lo vemos, esta nueva ley iría directamente en contra de este interés nacional ya definido por el Tribunal Constitucional", dice Urrunaga.

No es que se quiera detener el desarrollo. Pero veamos el ejemplo de la Interoceánica. “Se dijo que la carretera de Puerto Maldonado generaría desarrollo, pero lo que ha traído consigo es mayor pérdida de bosque, mayor facilidad de incursión al bosque para extracción minera, tala ilegal, ponen en riesgo a reservas comunales y territoriales. Si uno hace un análisis de áreas en las que hay condiciones de penetración, la pérdida de territorio o composición florística ha sido dañina”, explica Navarro.

Hay otras maneras de poder atender el desarrollo sin impulsar carreteras. Por ejemplo, está el Plan de Acción para el Desarrollo de Purús, que apuesta por el uso de la red hidrográfica del Purús. De hecho, la fluvial es una costumbre ancestral y el Estado debería apoyar estas rutas. También puede haber puentes aéreos, como ocurre en otras zonas.

"La integración de la región con esa zona se puede superar con tender un mejor servicio de puente aéreo con mayor frecuencia y también vía fluvial. No necesariamente con la construcción de carreteras cuando tenemos en los diversos frentes reservas comunales, parques nacionales, pueblos indígenas en aislamiento voluntarios, otros en contacto inicial y comunidades nativas que viven bajos sus propias costumbres desde muchos años en la zona", detalla Navarro.

Ante los comentarios de quienes están a favor de la norma porque la conexión aérea es cara, Lanegra indica que si el Estado quiere tener peruanos en la zona debe asumir un costo. "La otra opción apunta- es no tener gente ahí". Pero en su opinión, lo que falta es una política de fronteras: "Lo que es real es la ausencia de una política de fronteras fuerte en el país que permita discutir esto seriamente y atender a los peruanos que necesitan conexión". 

 

¿Y PPK? 

Llama la atención el silencio del jefe de Estado, más aún cuando -como hemos mencionado líneas arriba- el exministro de Cultura se había opuesto a esta iniciativa legislativa, y funcionarios de este portafolio esperaban que el Ejecutivo hiciera las observaciones pertinentes.

Angela Acevedo, directora general de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, señala en un informe enviado al viceministro de Interculturalidad, Alfredo Luna, que la norma no ha tomado en cuenta que los pueblos indígenas y en aislamiento no solo habitan en áreas naturales protegidas. Tampoco valora "la presencia de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento  y en situación de contacto inicial en la región Ucayali, así como el marco jurídico específicamente establecido para la protección de estos pueblos".

También se refiere a los impactos negativos que la construcción de carreteras podría producir en zonas poco intervenidas de la Amazonía en la que habitan los PIACI: "interrupción de prácticas de subsistencia  y, por lo tanto, problemas para conseguir sus fuentes de alimento que proceden  de la fauna silvestre ... También son peligrosos los contactos forzados con terceros ajenos a las tierras que ocupan, lo que podría generar contagio de enfermedades, que configuran un riesgo latente de convertirse en un desastre en la salud de los PIACI debido a su alta vulnerabilidad inmunológica. Además de migración masiva e incremento de actividades ilícitas como la tala ilegal, minería ilegal, entre otros”. 

Acevedo, incluso sugiere que se evalúe "el derecho a consulta previa sobre las medidas legislativas que afecten directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios".

Entonces, si el Viceministerio le envió el informe de Acevedo, ¿por qué PPK no hizo observación alguna? ¿Estuvo demasiado ocupado en salvarse de la vacancia presidencial, indultando y recibiendo al Papa?

“El discurso del gobierno no va conectado con la realidad. El discurso y la realidad no van en paralelo. En el Perú hay dificultad para respetar los estándares establecidos. Si hay interés del gobierno de cuidar las áreas protegidas, debería dejar sin efecto esta norma”, dice Navarro.

Para Lanegra, la posición del Ejecutivo ha sido no enfrentar al congreso y simplemente no dar fondos para los proyectos. "Pero se olvida de que los gobiernos regionales y locales -usando recursos de la ilegalidad- lo pueden hacer. Y qué además la ley incluye el mantenimiento de trochas, lo que en la práctica las alentará en la selva", subraya.

Francisco estuvo en Puerto Maldonado y dio un discurso a favor de los pueblos indígenas. Para algunos analistas, dijo lo que otros presidentes peruanos nunca dijeron (incluidos ministros de Cultura, por cierto). 

“La Amazonía es tierra disputada desde varios frentes: por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales”, dijo. 

El discurso del Papa fue recibido con aplausos por algunos y con  excepticismo de activistas ambientales e indígenas. ¿Algunos empresarios habrán preferido voltear la mirada? Seguro que sí. Sea como fuere,  esta ley -como enfatiza Lanegra- es casi una copia de lo que criticaba el Papa Francisco, "ver a la Amazonía como un lugar rico en recursos que solo hay que explotar para conseguir la prosperidad".

Finalmente, esta ley contraviene compromisos internacionales asumidos por Perú, incluidas las promesas de cambio climático y los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Europa. 

¿El Ministerio del Ambiente se pronunciará?