El 14 de Noviembre, la primera sala civil de la Corte Superior Justicia de Puno emitió sentencia en el proceso de amparo constitucional interpuesto por representantes de las comunidades campesinas de Palamayo, Trinidad Mayo Cachi, Colca, Ticani Pampa, San José Principio de Santa Cruz, Virgen de Soledad Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo, Jipa Grande y Jipa Chico, del distrito de Atuncolla en Puno; contra el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET por no llevar a cabo procesos de consulta previa en las comunidades afectadas por el acto administrativo de concesión minera (1).

En los descargos, el Ministerio de Energía y Minas argumenta que, en tanto no se ha probado que la empresa minera inició operaciones en la zona o realizó estudios de impacto ambiental, el mero otorgamiento de concesiones mineras no estaría vulnerando los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En la misma línea, el INGEMMET argumenta que el acto administrativo de otorgamiento de concesiones mineras no significa una autorización para el inició de operaciones, por lo que no sería exigible consultar.

La Corte responde a estos argumentos afirmando que estas declaraciones “no tienen asidero en el ordenamiento jurídico de la República del Perú, sino son manifiestamente violatorias del artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, concordante con el artículo 32 inciso 2° de la Declaración de Naciones Unidas (sic) y del fundamento jurídico treinta y seis de la sentencia del expediente número 00022-2009-PI/TC (…) y actualmente del principio rector de la consulta previa establecido por el artículo 4 inciso a) de la Ley 29785, Ley de desarrollo de aquel convenio (2).”

La Corte revoca la sentencia del Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Puno (que sostenía que el mero acto administrativo de concesión minera no vulnera los derechos de los pueblos indígenas) y declara que el argumento es ilegal e incompatible con la Ley de Consulta Previa, la Constitución y el bloque de constitucionalidad.

De este modo, la sentencia reconoció la vulneración al contenido esencial del derecho a la consulta previa de las comunidades campesinas del distrito de Atuncolla en Puno y ordenó al INGEMMET no volver a emitir concesiones sin que medien procesos de consulta previa de acuerdo a los estándares del Convenio 169 y la Ley y Reglamento de Consulta Previa.

 

(1) Expediente N° 01846-2012-0-2101-JM-CI-03. Proceso de Amparo constitucional de 11 Comunidades Campesinas de Atuncolla – Puno con el soporte del Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y su Instituto Minero y Metalúrgico (INGEMMET).
(2) Literal “b” de los fundamentos de la Sala para revocar la sentencia apelada.  

 

ADJUNTAMOS LA SENTENCIA