TIERRAS COMUNALES

El tratamiento de las tierras comunales se concentra en la “Ley de Deslinde y Titulación del Territorio Comunal” (Ley Nº 24657), promulgada en 1987 para solucionar uno de los mayores problemas de estas organizaciones: la falta de títulos de propiedad e inscripción en Registros Públicos.

Entre 1920 y 1993, las tierras de las comunidades gozaron de protección especial conferida por la normativa constitucional que las declaraba inalienables, inembargables e imprescriptibles. En ese marco constitucional (reiterado en la Constitución de 1979) la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley Nº 24656) deriva el tratamiento de las tierras comunales a la Ley de Deslinde y Titulación.

Dicho marco constitucional y legal se vio alterado profundamente con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1993, la cual dejó vigente tan sólo el carácter imprescriptible de las tierras comunales, con la excepción del abandono de tierras. Al mismo tiempo, la nueva Constitución amplió la autonomía comunal a la libre disposición y uso de las tierras comunales.

En 1995, con la entrada en vigencia de la “Ley de Tierras” (Ley Nº 26505), se dotó de contenido el artículo 89 de la Constitución, facultando a las comunidades campesinas y nativas a disponer de sus tierras en la forma que ellas creyeran conveniente, cuidando simplemente que la decisión sea tomada en Asamblea General. La Ley distinguió entre comunidades campesinas de la costa (a las que dedicó el artículo 10) y las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva (artículo 11).

En 1997, mediante la “Ley de Titulación de Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa” (Ley Nº 26845), se modifico el contenido del artículo 11 de la “Ley de Tierras” para facilitar la adjudicación de las tierras a los comuneros.  La “Ley de Titulación”, aun sin reglamento, refiere en general a las comunidades campesinas ubicadas en las regiones costeñas. Sin embargo, la cuarta disposición final y complementaria modifica el artículo 2 de la “Ley de Deslinde y Titulación del Territorio Comunal”, con lo cual afecta a todas las comunidades, en este último aspecto.

Adicionalmente, la “Ley que regula la Declaración de Abandono Legal de las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa, Ocupadas por Asentamientos Humanos y otras Posesiones Informales” (Ley Nª28685) permiten declarar el abandono legal de las tierras de las comunidades campesinas de la costa.

En mayo de 2008, dentro del casi centenar de decretos legislativos promulgados en el gobierno de Alan García, la propuesta de unificación de procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva con las de la costa (Decreto Legislativo Nº 1015) igualaba los requisitos para que las comunidades campesinas de la sierra y las comunidades nativas pudieran disponer más fácilmente de sus tierras. Las críticas llevaron a que en setiembre del mismo año sea derogada (Ley Nº 29261).

En materia de tierras comunales debe mencionarse la norma que faculta al MINAGRI la adjudicación de predios rústicos (Decreto Legislativo Nº 838). El Decreto permitía otorgar en forma gratuita tierras a comunidades e individuos en zonas afectadas por la violencia política y de economía deprimida. Pese a su corta vigencia, la norma marco un hito al exonerar a los beneficiarios del pago por la tierra adjudicada.

De esta manera, se encuentran plenamente vigentes algunas normas legales que fueron promulgadas antes de la actual Constitución, junto con otras aprobadas después. En ciertos aspectos esa coexistencia plantea problemas de interpretación y de aplicación.