Como resultado de la privatización de los ingenios azucareros a mediados de 1990, aproximadamente 120 000 hectáreas de tierras destinadas para el cultivo de azúcar se encuentran bajo el control de un puñado de empresas o grupos económicos. Para entender como se ha venido desarrollando este proceso, debemos remontarnos a las haciendas de la era republicana, pasando por las cooperativas agrarias y finalmente las sociedades anónimas. 

En el siglo XIX, a inicios de la República del Perú, se formó la oligarquía terrateniente del azúcar, que asumió el control de propiedad de la tierra que había estado bajo el poder de los españoles –previamente apropiada del incanato- por adjudicación de la república o mediante compra-ventas.   Con el paso de los años, algunos terratenientes impulsaron un proceso de concentración de la propiedad rural que los llevó a adquirir haciendas vecinas, pero también a desplazar a pequeños agricultores.

A lo largo de la primera mitad del siglo XX, una serie de fenómenos internos y externos llevaron al paulatino debilitamiento de la oligarquía terrateniente, desembocando,  finalmente, en la reforma agraria peruana. Dicha reforma, promovida por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, expropió más de 8 millones de hectáreas de las haciendas. Como resultado de la reforma, luego de ser expropiadas, las doce principales haciendas azucareras se transformaron en Cooperativas Agrarias de Producción (CAP), manejadas por sus ex trabajadores, aunque con una importante participación del Estado.  

Al concluir la reforma agraria del gobierno militar, el antiguo sistema de hacienda había sido reemplazado por la estructura de tenencia cooperativa.  Sin embargo, esta nueva estructura tuvo una corta duración por una serie de factores como la falta de una adecuada gestión interna y una aguda crisis económica externa, que llevó a las cooperativas a contraer fuertes deudas con el Estado.   

Fue entonces que el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) capitalizó dichas deudas, aprobando medidas orientadas a la conversión de las cooperativas en sociedades anónimas y al posicionamiento del Estado como copropietario de las mismas.  Primero, mediante el Decreto Legislativo (D.L) Nº 653 que permitió la libre disponibilidad de sus tierras de cultivo; el Decreto Supremo 018-91-AG, que abrió la posibilidad del libre cambio de modelo empresarial; y finalmente, a través del D.L Nº 802, que permitió la capitalización de las deudas tributarias y laborales.

De modo que al finalizar la década de 1990, todas las cooperativas azucareras se habían transformado en sociedades anónimas, y el Estado, al igual que los trabajadores, aparecían como sus principales accionistas. El camino quedó despejado, entonces, para que comience un nuevo proceso de concentración de la propiedad de los ingenios azucareros, esta vez mediante la transferencia de las acciones del Estado y los trabajadores en favor de capitales privados.

Como resultado, en la actualidad, las poco más de 120 000 hectáreas de tierras del azúcar se encuentran mayoritariamente en control de tres grupos económicos nacionales: Gloria, Wong y Oviedo, los cuales, como accionistas o inversionistas principales, llevan las riendas de los complejos azucareros del país. 

 

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