Las comunidades campesinas son una de las instituciones más antiguas en el espacio rural peruano. Fruto de una serie de transformaciones de los diversos grupos originarios (formando comunes de indios o haciendas, luego comunidades de indígenas y finalmente comunidades campesinas), en la actualidad se trata de instituciones de carácter territorial reconocidas por el Estado peruano, quien les otorga existencia legal y personería jurídica. 
El marco institucional que influye en el desarrollo de las comunidades y sus tierras se puede esbozar de la siguiente manera: 

  1. Constitución Política del Perú de 1993.  La Constitución de 1993 se enmarca en el declive del proceso de reconocimiento y protección de la propiedad comunal de Pueblos Indígenas. Manteniendo el reconocimiento de la existencia legal y de la autonomía de las comunidades, la Carta introduce  dos conceptos clave en la escena política del Perú contemporáneo: la adjudicación de “tierras abandonadas” del artículo 88º y la promoción del derecho a la libre disposición de tierras indígenas del artículo 89º.   
  2.  Ley General de Comunidades Campesinas (Ley Nº 24656).  La Ley, promulgada en 1987, define a las comunidades campesinas como “organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país”. Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas (Decreto supremo Nº 008-91-TR).
  3. El Reglamento, promulgado en Febrero de 1991, desarrolla los alcances de la Ley general de Comunidades Campesinas. La norma regula lo concerniente a la personería jurídica y estructura organizativa de las comunidades y los derechos y obligaciones de las personas que la componen.
  4. Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva (Decreto Ley Nº 22175). La Ley, promulgada en 1978, determina que las comunidades nativas “tienen origen en los grupos tribales de la Selva y Ceja de Selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso.”

5.    Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva (Decreto supremo Nº 003-79-AA).
Son materia de regulación de esta norma la estructura organizativa de las comunidades nativas, los derechos y obligaciones de las personas que la componen, el uso y dominio de tierras, el aprovechamiento de recursos naturales y la promoción agraria. 

6.    Ley de Deslinde y Titulación del Territorio de las Comunidades Campesinas (Ley N° 24657).
La Ley, promulgada en 1987, establece lineamientos para impulsar, mejorar y ejecutar la titulación de predios rurales. Para la norma, el territorio de las comunidades está integrado por las tierras originarias de la comunidad, las adquiridas de acuerdo al derecho común y agrario, y las adquiridas con fines de reforma agraria. 

7.    Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas (Ley Nº 26505). 
La Ley, promulgada en 1995, es la más importante en materia de tierras agrícolas y es mejor conocida como Ley de Tierras. Desarrollando las normas respectivas de la Constitución, busca dotar del máximo de seguridades a los propietarios agrícolas, regulando una forma muy particular de abandono de tierras, restringiendo las posibilidades de expropiación y estableciendo la servidumbre minera en caso de inicio de actividades de exploración y explotación.
8.    Reglamento de la Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas (Decreto Supremo N° 011-97-AG). 
El Reglamento, promulgado en 1997, regula la mayor cantidad de aspectos de la Ley de Inversión privada e incorpora en su texto al Decreto Supremo Nº 011-96-AG que se encargaba de las zonas de protección ecológica de la región selva. 
Esta norma no se refiere a las comunidades campesinas y nativas de forma específica. 

9.    Ley de Consulta Previa (Ley Nº 29785). 
La Ley, promulgada en 2011, desarrolla el derecho a la consulta previa reconocido en el Convenio 169 de la OIT. La norma toma en consideración los criterios objetivos y subjetivos del Convenio para identificar al sujeto de consulta, los pueblos indígenas.

10.    Reglamento de la Ley de Consulta Previa (Decreto Supremo Nº 001-2012-MC).
El Reglamento, promulgado en 2012, desarrolla los principios de la Ley de Consulta a través de la regulación de las situaciones en las que aplica la consulta y el modo en que se deben desarrollar estos procesos.

11.    Ley de Recursos Hídrico (Ley Nº 29338)
La Ley, promulgada en 2009, derogó la Ley General de Aguas. La norma mantiene el principio que el agua es un recurso de propiedad de la Nación, descartando cualquier intento de privatización del recurso. Sin embargo, algunos aspectos y servicios relacionados a la gestión del recurso pueden ser entregados al sector privado.

12.    La Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar (Ley Nº 30355)
La Ley, aprobada en 2015, tiene por finalidad, conforme a su artículo 2: (…) mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de la agricultura familiar, reducir la pobreza del sector rural y orientar la acción de los organismos competentes, en los distintos niveles de gobierno, con un enfoque multisectorial e intergubernamental, para el desarrollo sustentable de la agricultura familiar, a través de políticas que mejoren el acceso a los recursos naturales productivos, técnicos y financieros; su articulación estable y adecuada con el mercado, garanticen la protección social y el bienestar de las familias y comunidades dedicadas a esta actividad sobre la base de un manejo sostenible de la tierra.