La concentración de la propiedad vía el mercado de tierras para biocombustibles es un proceso relativamente nuevo pero de gran crecimiento en el país. Se caracteriza por las grandes adquisiciones de tierras para el cultivo de insumos para la producción de biodiesel o etanol , así como para la construcción de plantas para su elaboración.  

El boom de biocombustibles en Perú responde, por un lado, a una necesidad de modificar la matriz energética del país -basada principalmente en combustibles fósiles- complementándola con fuentes renovables que no agudicen los efectos del cambio climático y no estén sujetas a las variaciones del precio internacional del petróleo.  

Siguiendo esa línea, a mediados de la década pasada, el Estado peruano aprobó un conjunto de normas para constituir un mercado de biocombustibles y organizar su comercialización . Se estableció, entonces, una cuota de 5% de biodiesel y 7.8% de alcohol o etanol para el diesel y la gasolina comercializados en el país, respectivamente. Otras medidas como el Plan Nacional de Palma Aceitera 2000-2010 y el Programa de Promoción del Uso de Biocombustibles (probiocom) consolidaron los incentivos para este mercado.

De esta manera, más allá de sus supuestos beneficios ambientales, la producción de biocombustibles se constituyó como una nueva oportunidad de negocio para capitales nacionales y extranjeros, que invierten en la compra de miles de hectáreas privadas o eriazas para la producción de insumos para el etanol y biodiesel –con el compromiso del gobierno de suministrarles el agua—, o en las plantas industriales, de forma momentánea, para obtener el control directo sobre la cadena de comercialización del azúcar o la palma aceitera.  

El establecimiento por la vía legal de un mercado de biocombustibles se ha concretado en oportunidades de negocio para un conjunto de inversionistas que, con el pretexto de cumplir metas de producción del carburante, vienen acaparando miles de hectáreas de tierras públicas y privadas, así como derechos de agua que dependiendo de su ubicación son más o menos demandados por pequeños agricultores o pueblos indígenas. La consecuencia de esta competencia por el acceso a los recursos son algunos de los conflictos sociales existentes en el país. 

 

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