Este proceso se caracteriza por la creación de nuevas áreas para cultivo, principalmente mediante la ejecución de megaproyectos de irrigación implementados por el Estado.  Es a través de la venta de grandes extensiones de tierras destinadas a dichos proyectos que este proceso contribuye a la concentración de la propiedad.  Al igual que la reconcentración de los ingenios azucareros, la ampliación de la frontera agrícola tiene lugar en la costa peruana, región que cuenta con la menor superficie de aptitud agrícola del país y que dispone de solo el 1.8% del volumen anual de agua producida a nivel nacional. A través del trasvase de las cuencas altoandina, el Estado comenzó a irrigar las tierras eriazas con aptitud agrícola de la costa. 

Tradicionalmente, dichas tierras eran transferidas a pequeños y medianos agricultores, como se pudo ver en la primera ola de construcción de megaproyectos como Tinajones, Majes-Siguas, Chira-Piura y Jequetepeque-Zaña. Sin embargo, a partir de la década de 1990, el Estado emprendió un viraje notorio, realizando las grandes obras de irrigación para beneficiar a agentes económicos que contaran con los recursos para producir para la exportación a gran escala.  De modo que, en la actualidad, las nuevas tierras son vendidas en subastas públicas cuyos precios base se multiplican considerablemente, quedando fuera del alcance de los pequeños y medianos agricultores. 

Nos referimos, principalmente, a los proyectos Chavimochic y Olmos –ubicados en La Libertad y Lambayeque, respectivamente–, que han incorporado alrededor de 83,000 hectáreas nuevas a la agricultura, la mayoría de las cuales han sido subastadas a un puñado de grandes inversionistas. 

Si bien los proyectos de irrigación y la creación de nuevas tierras de cultivo contribuyen a la economía y al crecimiento del PBI agropecuario, es importante resaltar su rol significativo en el recrudecimiento de la bipolaridad latifundio-minifundio en el agro peruano. Como mencionamos anteriormente, dichos proyectos promueven el acaparamiento de recursos en pocas manos, excluyendo a pequeños y medianos agricultores que no pueden acceder a los  elevados precios de las subastas públicas de tierras o a los compromisos de inversión que el Estado establece. Esto es aún más problemático si se toma en cuenta la gran cantidad de recursos públicos que el Estado destina a dichos proyectos. 

 

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